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En auge los delitos informáticos: estafas, amenazas y acoso a menores

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De los 6.533 procedimientos judiciales por ciberdelitos incoados en 2011, se ha pasado tres años después a los 20.534 trámites..

Consuelo Madrigal avanzó que en 2015 se superaron los 22.500 expedientes, un dato que se oficializará en la Memoria 2016, en septiembre.

"La cifra negra de criminalidad en este ámbito es incuestionablemente alta", asegura la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual.

Las estafas (como el phising o carding), las amenazas, el hackeo de sistemas y el acoso a menores encabezan el ranking de delitos más habituales.

Fuente: 20minutos.es

La introducción de las tecnologías en nuestra vida diaria ha favorecido la interacción con nuestros seres queridos, el acceso a información antes desconocida y —a la empresas— la globalización de sus actividades a rincones del planeta donde antes no llegaban. Pero dibujado el nuevo camino, el delincuente se adapta al nuevo trazado. Y palabras como phising, carding, o cyberbullying, empiezan a ser parte del paisaje digital en los últimos años. La ciberdelincuencia ha crecido un 210% en apenas tres años, según los datos que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria 2015, la última disponible antes de la disponible con la apertura del nuevo curso judicial, en septiembre. De los 6.533 procedimientos judiciales por ciberdelitos incoados en 2011 se pasó tres años después a 20.534 trámites. Solo en ese último año para los que el ministerio fiscal publica cifras, el crecimiento fue del 71%. Estas cifras fueron debatidas este martes en la III Jornada Habeas Data y Delitos Informáticos, organizada por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y que contó con la presencia de Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado. Madrigal avanzó que en 2015 se superaron los 22.500 expedientes, un dato que se oficializará en la Memoria 2016, en septiembre, con el inicio del curso judicial. "La cifra negra de criminalidad en este ámbito es incuestionablemente alta y especialmente en determinadas manifestaciones criminales, como los daños informáticos o los accesos ilegales a sistemas, en los que las denuncias –por desconocimiento, falta de confianza en el sistema o interés en proteger la propia reputación– son todavía llamativamente escasas", asegura la Fiscalía en su última memoria anual, que indica también el reto de trazar unos delitos que en ocasiones se producen fuera de nuestro país, lo que "dificulta extraordinariamente su identificación y enjuiciamiento". Los delitos tecnológicos más comunes... 1. Estafas (84%). Es el delito más habitual practicado a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. El 84% de los procedimientos incoados (17.328 de un total de 20.534) correspondieron en 2014 a denuncias por estafa, tres puntos más que un año antes. "La cifra de puede ser mayor", explica a 20minutos Marcos Judel, vicepresidente de la APEP; "mucha gente se siente avergonzada por haber sido estafada y no lo denuncia; por ejemplo, llama la atencion que la gente siga cayendo con el phising". Las estafas pueden ser de cinco tipos: phising (robo de datos bancarios para transferencias fraudulentas; un delito que desciende, según la fiscalía, por la "implementación de nuevas medidas de seguridad" por las entidades financieras y el crecimiento de las denuncias); carding (uso irregular de tarjetas de crédito); ventas fraudulenta por Internet; contrataciones de servicios telefónicos sin consentimiento; y fraude en el juego on-line. 2. Injurias, amenazas y coacciones (5%). La Fiscalía incluye entre estos delitos cualquier tipo de conducta que incida en la intimidad, libertad, integridad moral y honor de las personas. Unos comportamientos delicitivos de uso "creciente" (1.038 expedientes, un 5,05% del total) y que se hallan en un número cada vez mayor a través de comentarios ofensivos en foros y redes sociales. "En ocasiones, además, dirigidos a personas perfectamente determinadas a las que se quiere humillar, acosar, amenazar y desprestigiar públicamente, causándoles un grave daño moral", explica el ministerio fiscal. La Fiscalía, además, apunta que los jóvenes, como principales usuarios de las nuevas tecnologías, no solo son las víctimas en los delitos contra la integridad moral, sino que también en muchas ocasiones cometen los delitos por estos medios para amplificar su efecto sobre las víctimas. "Por salto generacional, algunos padres no saben explicarles lo que está bien y mal en las redes", apunta Judel. 3. Revelación de secretos y accesos sin autorización (4%). Suponen 858 procedimientos (el 4,17% del total) y su aumento ha sido "significativo", según la Fiscalía. Dentro de esta tipología, las investigaciones por acceso ilegal a sistemas (297 casos) —por ejemplo, uso no autorizado de cuentas de correo o suplantaciones de identidad en las redes sociales— repuntan hasta un 60% en una tendencia alcista desde que se comenzaron a medir las denuncias por ciberdelitos. 4. Acoso, corrupción y porno de menores (3%). En 2014 se incoaron 641 procedimientos judiciales procedentes de denuncias por acoso a menores de 13 años (60 casos) y por pornografía y corrupción de menores o discapacitados (581). La fiscalía asegura que pese a que este tipo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores creció un 3,12% en ese último ejercicio para el que se tienen datos, "se viene observando una tendencia claramente descendente", ya que desde los 818 procedimientos en 2011 se ha pasado en tres años a esos 641 de 2014, que apenas suponen un 3,12% del total. ¿Significa eso que han disminuido los delitos cometidos de esta tipología? Según la Fiscalía, todo lo contrario. La generalización del uso de las nuevas tecnologías ha potenciado estas conductas y los ciudadanos tiene mayor acceso al material, solo que, según el ministerio fiscal, se ha abandonado el uso de redes P2P fácilmente rastreables por la Policía para compartir al pornografía infantil en "redes y foros privados en los que la posibilidad de penetración de los investigadores es muy limitada, apps como WhatsApp y Skype o almacenamiento en nube. Es decir, que se incoan menos procedimientos por estos delitos contra los menores, pero más por una dificultad en detectarlos... que porque no se produzcan. 5. Daños y sabotaje informático (0,7%). Los 143 casos registrados de esta tipología en 2014 implican un alza del 70% respecto al año anterior, siguiendo la tendencia creciente desde 2011. Sin embargo, su peso es "llamativamente bajo" para la fiscalía, algo que califica de extraño por el número de ciberataques que reportan los organismos públicos y privados. El ministerio fiscal cree que se corregirá fomentando la presentación de denuncias.

Fuente: 20minutos.es

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01. En auge los delitos informáticos: estafas, amenazas y acoso a menores

02. Primera condena del TS a empresas por su responsabilidad penal

03. Grabaciones que haga la víctima pueden constituir prueba

04. El padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos

  • En auge los delitos informáticos: estafas, amenazas y acoso a menores
  • Primera condena del TS a empresas por su responsabilidad penal
  • Grabaciones que haga la víctima pueden constituir prueba
  • El padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos
  1. 01. En auge los delitos informáticos: estafas, amenazas y acoso a menores

    En auge los delitos informáticos: estafas, amenazas y acoso a menores

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    De los 6.533 procedimientos judiciales por ciberdelitos incoados en 2011, se ha pasado tres años después a los 20.534 trámites..

    Consuelo Madrigal avanzó que en 2015 se superaron los 22.500 expedientes, un dato que se oficializará en la Memoria 2016, en septiembre.

    "La cifra negra de criminalidad en este ámbito es incuestionablemente alta", asegura la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual.

    Las estafas (como el phising o carding), las amenazas, el hackeo de sistemas y el acoso a menores encabezan el ranking de delitos más habituales.

    Fuente: 20minutos.es

  2. 02. Primera condena del TS a empresas por su responsabilidad penal

    Primera condena del TS a empresas por su responsabilidad penal

    El fallo del Tribunal Supremo, que se esperaba, ofrece por primera vez una interpretación judicial sobre las pautas a seguir por empresas e instituciones en materia de cumplimiento normativo si quieren evitar ser condenadas.

    El Tribunal Supremo acaba de dictar la esperada sentencia en la que aborda por primera vez, y en profundidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este fallo, con fecha de 29 de febrero, supone un hito importante en el ámbito del Derecho penal y para los profesionales especializados en cumplimiento normativo, ya que marca las pautas que el Alto Tribunal tendrá en cuenta a la hora de abordar cuestiones de esta naturaleza.

    Fuente: expansion.com

  3. 03. Grabaciones que haga la víctima pueden constituir prueba

    Grabaciones que haga la víctima pueden constituir prueba

    Según explica la providencia, la abogada se apoderó de una letra de cambio de su cliente bajo el pretexto de una supuesta venta, sin que ello corresponda a la realidad. Hecho que generó que el máximo juez de la administración se pronunciara sobre este asunto.

    Así, para demostrar la falta de la acusada, la víctima utilizó varias grabaciones en las que reconocía que la letra la entregó en virtud del mandato que se celebró entre las dos, y por la confianza. Sobre las grabaciones, la Sala reiteró que cuando una persona es víctima de un hecho punible puede grabar su propia imagen y/o voz en el momento en que es sometida a la exigencia criminosa, sin que requiera autorización judicial, pues precisamente con ese documento puede iniciar las acciones pertinentes.

    Fuente: ambitojuridico.com

  4. 04. El padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos

    El padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos

    El padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos

     

    La condena por un delito de violencia de género, que aparta al padre del entorno familiar y de la comunicación con la madre, imposibilita el ejercicio de la función parental adecuada al interés de los hijos y, por tanto, el ejercicio de la custodia compartida.Fuente Noticias Jurídicas [suscripciones@juridicas.com]

     

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